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Archive for 6/06/09

Las empresas denuncian la exigencia del pago de multas para acceder a obras y ayudas públicas. El deseo de cobrar se suma a un incremento del número de sanciones.

Las quejas no han tardado en llegar. Las empresas han empezado a detectar una práctica que no parece exenta de polémica y que va encaminada a incrementar el cobro a través de las multas de tráfico.

“Hemos recibido la queja de que algunas administraciones están obligando a las empresas a pagar las multas de tráfico pendientes, para poder obtener así el certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias”, señalan desde el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA).

Ese certificado es un documento exigido para poder optar al logro de concursos y ayudas públicas, por lo que, el hecho de no obtenerlo se convierte en motivo de pérdida de importantes cantidades de dinero y, en consecuencia, un factor más que decisivo para forzar a la empresa a abonar sus multas debidas. El equipo jurídico de CEA señala que esta exigencia de abono de las multas no tiene cabida en la ley española y que, por lo tanto no debe ser exigida.

«Esta petición de abono de las multas, supuestamente, se apoya en la Ley General Tributaria, donde se señala que “el contratista o subcontratista (de las administraciones)” demostrará cumplir con el requisito de estar al corriente de los pagos tributarios por medio de “un certificado específico (…) emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.”

Pero los abogados de la asociación señalan que nada tiene que ver el hecho de estar al corriente de los pagos de los impuestos con el hecho de haber abonado las multas pmultas-radares-fijo-trafico-recursos-velocidad-DGTendientes.

Diferencias
“Tenemos que recordar la diferencia entre tributos y las multas. Los primeros se basan en un deber de contribuir, y como tal son obligaciones; pero una multa es una sanción administrativa por una supuesta infracción y con derecho a ser recurrida, luego nunca se puede confundir con una obligación tributaria, y esta gran diferencia parece que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta por la Administración cuando se trata de recaudar”, apuntan los abogados.

El equipo jurídico de CEA subraya que las empresas afectadas tienen derecho a solicitar el citado certificado a pesar de tener expedientes administrativos por multas de tráfico, “y ante una situación de abuso de autoridad, si son obligadas al pago, deberán presentar las reclamaciones oportunas”. Es decir, pagar, para no perder el concurso o la obra pública, pero, acto seguido, recurrir ese pago.

El problema es que cada vez una parte más importante de los ingresos de Hacienda, tanto en la Administración Central como en autonomías y ayuntamientos, depende de las multas, y, especialmente este año, las arcas públicas encontrarán su particular balón de oxígeno en estas sanciones. Así, la Dirección General de Tráfico espera recaudar 416 millones de euros en multas este año, un 15,5% más que en 2008, cuando se ingresaron 360 millones.

Estas cuantías, calculadas en los Presupuestos del Estado, confirman un incremento continuo de la hucha de Tráfico: en 2007 sus ingresos esperados eran de 322 millones; en 2006, de 220; y en 2005, de sólo 192 millones, la mitad que ahora.

El equipo jurídico de los automovilistas dice que esta exigencia de abono de multas no es legal

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La diferencia con otros ejercicios es que en el último año Hacienda está redoblando esfuerzos por recaudar las sanciones realizadas, ya que los ingresos tributarios están cayendo a tasas de más del 16%, con un déficit que hasta abril llega ya a 6.553 millones.

En un escenario en el que cae el empleo “y con él la recaudación por IRPF”, el consumo “y, por tanto, el IVA y otros tantos impuestos ligados” o la facturación de las empresas “acarreando una caída en picado del Impuesto sobre Sociedades”, Hacienda tiene pocos recursos a los que agarrarse para lograr que entren recursos en sus arcas.

Requisitos para el contribuyente particular
Recibir la ayuda para la compra de un coche se está convirtiendo en una odisea para muchos españoles: un despiste de una multa pendiente también es motivo para quedarse sin el incentivo, pues quien no esté al corriente de sus obligaciones tributarias y de los pagos a la Seguridad Social no podrá acogerse a las ayudas.

A ello se suma la maraña normativa entre las comunidades: unas exigen estar empadronado para recibir la ayuda completa (los concesionarios aportan 1.000 euros, el Estado da 500 y las regiones, excepto Madrid y Murcia, otros 500 euros) y otras no. “Tenemos contabilizado que Cataluña y Madrid no exigen estar empadronado, pero el resto parece que sí”, intentan aclarar desde el Gobierno.

Expasión.com

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