En estos días se hablará mucho de modelos de estado, quizás de sistemas electorales y seguro que de bajar los impuestos. Pero hay temas muchos más cercanos que generan pérdidas a las arcas estatales y causan gran preocupación entre los ciudadanos, como la inmigración. Hay dos aspectos a considerar, por un lado el de como poner fin a la inmigración incontrolada y por otro, qué tratamiento y en qué condiciones ha de admitirse su afluencia.Parece lógico que lo primero que habría que hacer es preguntar, o analizar, lo que se ha hecho en otros países como: Francia, Alemania o Reino Unido, que han pasado hace años por un problema similar -de exceso de inmigración ilegal-, para analizar qué hicieron bien o mal o como se enfrentarían ahora al problema.
También parece lógico que la avalancha de entradas incontroladas, especialmente en España, debería ser afrontada con medidas acordadas, ejecutadas y financiadas a nivel comunitario, ya que afecta a toda la CE.
Como tantas veces, la realidad y la lógica no van de la mano. Las medidas adoptadas por el gobierno (regularización masiva, por ejemplo) son contrarias y no son apoyadas por la CE. ¡Empezamos bien!
Como primera medida, parece urgente consensuar una política de inmigración con el resto de la CE.
Como segunda medida, también parece urgente el «cerrarse el grifo» a determinados servicio y determinadas condiciones, que hacen que España sea un auténtico «chollo». No solo para los inmigrantes ilegales, sino también para los legales e incluso para ciudadanos de la CE -que tienen en España servicios a los que no tienen derecho en sus países-, que vienen de vacaciones y aprovechan para «necesitar» un ingreso urgente, siendo operados aquí en mejores condiciones de las que les ofrecen sus países, por ejemplo.
El problema de esta super-oferta de servicios -como es el tema de viviendas, servicios sociales, guarderías o becas-, es que se da a gente que no ha cotizado en España, a costa de no concederlos a una parte importante de población que si ha cotizado durante toda, o gran parte, de su vida laboral y que es posible que sufran las mismas o mayores dificultades que los recién llegados. A la clase media-alta o alta (los que deciden), no les afecta la carencia que provoca esta situación en los distintos servicios y por ello no le dan respuesta. La dichosa super-oferta está haciendo que incluso inmigrantes, ilegales o no, de otros países de Europa se estén desplazando a España.
En resumen, que se hace cada vez más urgente hacer que sea la CE la que marque las directrices en materia de inmigración o en su defecto, implantar en España condiciones equivalentes a las existentes en nuestro entorno próximo europeo de países con similar desarrollo.
Pero paraece que es un problema que, por lo menos PSOE y sus socios na van a abordar, no sea que dejen de ser progres para ser racistas. La oposición siempre suele mezclar la razón con el fascismo o el racismo.
Antonio Beltrán
Ciutadans, Federación de Tarragona 